Sentencia A. 994/24

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-994/24

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Equivocada interpretación e inobservancia de reglas de reparto y trámite de la acción de tutela

 

(...) las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia.

 

TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA-Juez no le es dado declinar su competencia bajo el pretexto de hacer una adecuada aplicación de las normas atinentes al reparto

 

CONFLICTO DE COMPETENCIA APARENTE-Competencia de autoridad judicial a quien primero fue repartida o ante quien se accionó

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 994 DE 2024

 

Referencia: Expediente ICC-4653

 

Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja y el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja

 

Magistrada ponente:

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

 

Bogotá D. C., cinco (05) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de la prevista en el literal e) del artículo 5º de su Reglamento Interno, profiere el siguiente:

 

AUTO

 

I.                  ANTECEDENTES

 

1.                 Solicitud de tutela. El 1° de abril de 2024, Luz Stella Garnica Ortega (la “accionante”) interpuso acción de tutela en contra de la Compañía Mundial de Seguros S.A., la Entidad Promotora de Salud Nueva E.P.S., la Secretaría de Salud de Barrancabermeja, la Superintendencia Nacional de Salud y la Comisión Séptima del Senado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la dignidad humana, la salud, la seguridad social, al mínimo vital y a la atención en salud. Argumentó que no ha podido (i) agendar las citas médicas de control ordenadas por sus médicos tratantes, (ii) reclamar los medicamentos que le fueron prescritos y (iii) realizarse unos exámenes médicos que solicitó.

 

2.                 Declaratoria de falta de competencia. El expediente fue repartido al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja. El 1° de abril de 2024, tal autoridad resolvió remitir el expediente a la oficina de reparto, para que fuera repartida a los Jueces Municipales de Barrancabermeja. Esto, por considerar que “a pesar de que [en] el encabezado del escrito de Tutela se indica que se interpone (…) en contra de la Superintendencia Nacional de Salud y de la Comisión Séptima del Senado, de los hechos relatados, no se permite inferir acción u omisión por parte de estas dos entidades”[1]. Agregó que Mundial de Seguros, Nueva EPS y la Secretaría de Salud de Barrancabermeja son entidades del orden departamental, distrital o municipal y/o particulares, razón por la cual el conocimiento del expediente está en cabeza de los Juzgados Municipales de Barrancabermeja. Lo anterior, de conformidad con el numeral 4° del Decreto 333 de 2021, por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 2015.

 

3.                 Conflicto de competencia. El expediente fue nuevamente repartido al Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja. El 2 de abril de 2024, esta autoridad resolvió (i) no avocar conocimiento de la acción de tutela, (ii) “proponer [un] conflicto negativo de competencia entre [ese] despacho y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja”[2] y (iii) remitir el expediente a la Corte Constitucional para que lo resolviera. El juzgado consideró que el Juez Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja era la autoridad competente para adelantar el trámite de tutela. Esto, porque tal autoridad se apartó del conocimiento de la solicitud de tutela con fundamento en un “estudio a priori de las entidades accionadas en el presente trámite tutelar, sin haberse dado el correspondiente desarrollo de la misma”[3], lo cual contraría lo dispuesto por la Corte Constitucional en materia de competencia de acciones de tutela en autos como el A-087 de 2022.

 

4.                 Remisión del expediente. El 2 de abril de 2024, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencias. Luego, el 18 de abril de 2024, la Sala Plena repartió el expediente ICC-4653 a la magistrada sustanciadora[4].

 

II.               CONSIDERACIONES

 

5.                 Competencia residual de la Corte Constitucional para resolver el conflicto. La Corte Constitucional ha reiterado que, por regla general, la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela corresponde a las autoridades judiciales previstas por la Ley 270 de 1996 –Ley Estatutaria de Administración de Justicia– (en adelante, LEAJ)^[5]. Así mismo, esta Corte ha explicado que su competencia para resolver conflictos de competencia es residual y solo se activa cuando: (i) la referida ley no prevé una autoridad encargada de resolverlos^[6], o (ii) a la luz de los principios de celeridad y eficacia, esta Corte deba pronunciarse para garantizar a los ciudadanos acceso oportuno a la administración de justicia^[7]. En criterio de la Sala, el presente asunto debió ser resuelto por la Sala Mixta del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, de acuerdo con el artículo 18 de la LEAJ^[8]. Sin embargo, en aplicación de los principios de celeridad y eficacia que rigen la acción de tutela y en aras de evitar que se dilate aún más una decisión de fondo, la Corte Constitucional asumirá su estudio.

 

6.                 Factores de competencia en relación con acciones de tutela. La Corte reitera que, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Política y 8 del título transitorio del Acto Legislativo 1 de 2017, así como 32 y 37 del Decreto 2591 de 1991, existen tres factores de competencia en materia de tutela, a saber:

 

 

7.                 Las reglas de reparto de las acciones de tutela no constituyen reglas de competencia. De acuerdo con la jurisprudencia pacífica de esta corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015[12], modificado por el Decreto 333 de 2021[13], de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia. Así las cosas, teniendo en cuenta que las disposiciones del mencionado decreto reglamentario no son presupuesto para que un juez se aparte del conocimiento de un asunto, este Tribunal ha expresado que “en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales”^[14].

 

8.                 Adicionalmente, esta Corporación ha dispuesto en múltiples pronunciamientos que debe rechazarse la postura de aquellos jueces que analizan de manera preliminar la admisión de la demanda y toman determinaciones respecto de la conformación del contradictorio, a fin de declarar su incompetencia para resolver el fondo del asunto, bajo el argumento de que la inclusión o modificación de entidades demandadas altera su competencia[15].

 

III.           CASO CONCRETO

 

9.                 En el caso sub examine se configuró un conflicto aparente de competencia. La Sala Plena advierte que, en el caso sub examine, se configuró un conflicto aparente de competencia, toda vez que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja aplicó las reglas de reparto previstas en el Decreto 333 de 2021 para apartarse del conocimiento de la tutela y, por esa vía, remitió las diligencias al Juzgado Segundo Penal Municipal de Oralidad de la misma ciudad. Esto, pese a que la Corte Constitucional ha reiterado que las reglas previstas en el Decreto 333 de 2021 no pueden ser usadas por el juez de tutela para rechazar la competencia. En efecto, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja fundó su decisión en un razonamiento a priori sobre la posible responsabilidad de las accionadas en la presunta vulneración de los derechos de la accionante, sus cualidades (“entidades del orden nacional, territorial o particulares”) y su connotación para efectos de reparto, como uno de los factores determinantes para remitir el expediente al Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja. Este proceder no es ajustado a la jurisprudencia de esta Corte en materia de competencia, en tanto la facultad para conocer de la acción de tutela no puede determinarse a partir de interpretaciones sobre las reglas de reparto y la condición que tengan las accionadas.

 

10.             Conclusión. La Sala Plena dejará sin efectos el auto proferido el 1° de abril de 2024 por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja y ordenará que se remita el expediente a dicha autoridad judicial para que continúe con el trámite y profiera decisión, de conformidad con lo previsto por el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991. Asimismo, le advertirá al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja que, en lo sucesivo, (i) se abstenga de apartarse del conocimiento de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 333 de 2021, por cuanto tal actuación contraría la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional y (ii) se abstenga de evaluar preliminarmente el contradictorio con el fin de declarar si es competente sobre el asunto. Por otro lado, advertirá al Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja que, en caso de proponer conflictos de competencia en el trámite de acciones de tutela, remita los expedientes a las autoridades judiciales previstas para el efecto en la Ley 270 de 1996 y en las reglas fijadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en el presente auto y compiladas en el auto 550 de 2018.

 

IV.       DECISIÓN

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto del 1° de abril de 2024, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja, en el marco de la acción de tutela promovida por Luz Stella Garnica Ortega en contra de la Compañía Mundial de Seguros S.A., la Entidad Promotora de Salud Nueva E.P.S., la Secretaría de Salud de Barrancabermeja, la Superintendencia Nacional de Salud y la Comisión Séptima del Senado.

 

Segundo.- REMITIR el expediente ICC-4653 al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja, para que, de forma inmediata, tramite y adopte la decisión a la que haya lugar.

 

Tercero.- ADVERTIR al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja para que, en lo sucesivo, se abstenga de rechazar la competencia de acciones de tutela con fundamento en las reglas de reparto del Decreto 333 de 2021 y de evaluar preliminarmente el contradictorio con el fin de declarar si es competente sobre el asunto, para no incurrir en actuaciones que constituyan barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar, así, el goce efectivo de los derechos fundamentales.

 

Cuarto.- ADVERTIR al Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja que, siempre que proponga un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, por lo cual, debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, compiladas en el auto 550 de 2018.

 

Quinto.- Por Secretaría General, COMUNICAR a la parte actora y al Juzgado Segundo Penal Municipal de Barrancabermeja la decisión adoptada mediante esta providencia.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Magistrado

 

 

 

ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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